18 de Enero de 2021
Excelentísimo Señor Antonio Guterres,
Secretario General de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas
480 East 42nd Street
New York, New York 10017
Excelentísimo Señor Secretario General,
Los hondureños/as agrupados/as en la Diáspora Hondureña Internacional (DHI), ante las condiciones de pobreza, violencia y militarización que vive nuestra población exponemos ante usted nuestra realidad.
Con el golpe de Estado de 2009 en Honduras, comenzó a ascender un proyecto político y económico que limita los Derechos Humanos (DDHH), podemos observar como la creación de leyes, políticas e instituciones favorecen al sector empresarial y político del país, cediendo grandes concesiones territoriales que vulneran la soberanía. De esta manera el control del país y sus instituciones han pasado a ser el botín de una elite económica y política, que cada día muestra un vínculo con el crimen organizado y el narco tráfico, limitando el accionar del estado en beneficio de la población.
El saqueo de los recursos en Honduras se ha incrementado desde la llegada del gobierno ilegitimo, presidido por Juan Orlando Hernández y el partido Nacional, quienes se impusieron a través de un fraude, represión, asesinatos utilizando las fuerzas armadas y la desinformación desde los medios de comunicación que ellos controlan.
El despojo de fondos públicos, como es el caso del Instituto Hondureño del Seguro social, instituciones de previsión social, la Secretaria de Ganadería y Agricultura (SAG), entre otras, limitando las opciones de la población a una mejor salud o su capacidad de producir en el campo para mejorar sus condiciones de vida. Sumado a esto la cooptación de los entes de justicia entre ellos el Ministerio Publico, Corte Suprema de Justicia o impidiendo el trabajo de la MACCIH, (comisión de la OEA instalada en Honduras para investigar los casos de corrupción en el gobierno) con la clara intención de evitar ser investigados de los actos ilícitos cometidos.
El grave daño a la institucionalidad ha favorecido la falta de acceso a la justicia, la entrega de los Bienes Naturales y la privatización de empresas del estado, así como el asesinato de líderes sociales y defensores/as de Derechos Humanos, los cuales han quedado en total impunidad, como es el caso de Berta Cáceres entre otros líderes indígenas, garífunas, periodistas y quienes se manifestaron en contra del golpe de estado en 2009 y los fraudes electores de 2013 y 2017, todo lo anterior desde el uso de las fuerzas de seguridad del estado.
A falta de una justicia independiente, la corrupción en el país se incrementa, con la crisis sanitaria por efecto del COV19, los vuelve a poner en evidencia, la compra de 7 hospitales sobre valorados, que a 8 meses después de su compra siguen sin funcionar, siendo una vez más una muestra la ineficiencia y desinterés que el actual gobierno tiene para con los desposeídos de este país, el saqueo de los recursos aprobados en esta pandemia nos expone ante el mundo como uno de los países más corruptos.
Para lograr el control de las instituciones y una corrupción desmedida el gobierno se vale de asignar personas en las instituciones que no tienen las capacidades y expertis en el área, un caso muy conocido es el del ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) quien no tiene la especialidad, ni la experiencia en el tema, jugando un papel irresponsable ante el paso de los huracanes ETA y IOTA que azotaron el país en noviembre 2020, donde provocaron deslizamientos e inundaciones, que destruyeron gran parte de la infraestructura vial del país, así como la desaparición de comunidades enteras como la Reyna, en Santa Bárbara, donde la población sigue sin recibir la atención de las instituciones del estado. La pésima política económica que mantiene este gobierno sigue debilitando el poder adquisitivo de la población, las condiciones empeoran cada día, según datos oficiales el desempleo llega a cifras record, convirtiéndose el actual gobierno en una máquina que produce pobreza.
El saldo de las condiciones que exponemos se reflejan en el incremento de la migración, un 2021 con una caravana que expresa la crisis humanitaria que enfrenta nuestra sociedad, quienes no encuentran las condiciones mínimas que les garantice la vida en Honduras, superando de esta manera el millón de migrantes según datos oficiales de la ONU, con una tendencia a la alza.
Ante las condiciones expuestas les instamos a que mediante las organizaciones que ustedes representan movilicen todos sus esfuerzos para evitar el sufrimiento innecesario de tantas personas, designen comisiones con facultades de investigación que permitan exigir al estado hondureño la aplicación de una justicia equitativa.
Agradeciendo su amable atención y respuesta,
Comité Coordinador de la Diáspora Hondureña Internacional (DHI)
CC:
Abdulqawi Ahmed Yusuf – Corte Interamericana de Justicia
Elizabeth Odio Benito – Corte Interamericana de Derechos Humanos
Carlos Alvarado – Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Henrietta H. Fore – Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia y la Familia
Qu Dongyu – Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura